Luego de idas y venidas entre Nación y el Gobierno de Capital Federal, el presidente confirmó que acatará la medida de la Corte Suprema, y transferirá los fondos coparticipables para CABA. El pagó será a través de bonos TX31, anticipó este lunes el mandatario en su cuenta oficial de twitter.

Manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación "se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas".

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo el Presidente sobre el método para reintegrarle a la Ciudad el 2.95%.

A su parte, reveló que instruyó al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución.

De la misma forma, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.

Cuestionamientos del presidente al fallo

Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, denunció.

"Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", cerró el mandatario.

A finales de la semana pasada, el Gobierno había anunciado a través de un comunicado firmado de forma conjunto con 14 gobernadores que no acataría el fallo. A su parte, desde la administración porteña estudiaban alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo y avanzaban con denuncias penales contra el Presidente.

Comunicado contra el fallo de la Corte Suprema