Los alegatos de la defensa están a cargo de Mariano Fragueiro Frías en representación del ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro, a quien la fiscalía pidió condenar a tres años de prisión en suspenso.
Los magistrados asisten a los tribunales mientras que el resto de las partes, fiscalía, abogados, querellas y los 13 acusados se conectan a través de la plataforma virtual Zoom.
Fragueiro fue muy crítico de Diego Luciani y Sergio Mola, los acusó de “abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes” en contra de su defendido. “Acá hay algo gravísimo. El Ministerio Público Fiscal, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución Nacional”, insistió.
“Los fiscales federales de la Capital Federal se quieren arrogar funciones e interferir en la justicia de Santa Cruz, que ya se pronunció. Nadie puede decir si está bien o está mal. A eso se refiere la autonomía de las provincias. Lo contrario es afectar directamente al federalismo”, sostuvo Fragueiro, en alusión a las causas penales que se llevaron adelante en Santa Cruz por hechos similares a los que ahora se juzgan. “Acá hay cosa juzgada”, afirmó. Las defensas invocaron este argumento para que el juicio del caso Vialidad no se hiciera, pero sus recursos fueron rechazados, incluso por la Corte Suprema.
En esta causa se investiga a Cristina Kirchner y a exfuncionarios nacionales y provinciales -entre ellos, Garro- por supuestamente haber direccionando obras viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
Luego del alegato de Fragueiro, que probablemente termine hoy, seguirán las defensas de Mauricio Collareda, que presuntamente tuvó el mismo rol que Garro y sobre quien pesa un pedido de pena de seis años cárcel, y de Héctor Raúl Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión. Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero se estima que ellos tres podrían finalizar esta semana.
Luego alegarían Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusado de ser uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La defensa de Cristina Kirchner está sexta para presentar su alegato.
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