Las declaraciones se produjeron luego de una de las jornadas más críticas desde el inicio de las protestas, con destrozos, incendios y ataques contra edificios y vehículos en el centro paceño. Según los reportes oficiales, los manifestantes quemaron automóviles, destruyeron oficinas y atacaron empresas privadas, en el marco de la tercera semana consecutiva de conflictos.
Aramayo insistió en que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero condicionó cualquier negociación al cese de la violencia. “No se va a negociar ningún espacio de poder bajo presión, no se va a negociar el delito, el crimen. Quienes quieran sentarse a negociar de buena fe tienen que deponer actitudes”, sostuvo.
El Ejecutivo aseguró que la situación en el resto del país permanece bajo control, aunque reconoció interrupciones en rutas que conectan Cochabamba con Oruro y Sucre.
En paralelo, el Gobierno boliviano busca respaldo internacional para enfrentar la crisis. Aramayo destacó el apoyo de varios países y mencionó un pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, confirmó que embajadores de la OEA visitarán Bolivia para observar el nivel de violencia registrado en las movilizaciones.
Desde el oficialismo responsabilizan a sectores vinculados al expresidente Evo Morales por los incidentes ocurridos en La Paz, acusándolos de promover la desestabilización política.
En medio de la tensión, el Gobierno ratificó que no habrá cambios en el gabinete ni en la conducción presidencial, reafirmando su intención de sostener la estabilidad institucional frente a la crisis.
Con información de: Ámbito