La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Jujuy entrevistó al licenciado Antonio Durbal Carrizo, quien fue propuesto por el Poder Ejecutivo provincial para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El encuentro se desarrolló en el Salón Dr. Manuel Padilla y representó una de las últimas instancias formales antes de concretar su designación definitiva dentro del organismo encargado de velar por los derechos de las personas privadas de libertad y bajo guarda del Estado.
Tras la reunión, el presidente de la comisión, Matías Paterno, destacó los aportes realizados por el postulante y señaló que la entrevista permitió profundizar sobre el funcionamiento del comité y las tareas que desarrolla en materia de acompañamiento a organismos de derechos humanos y personas en contextos de encierro.
El legislador explicó que, concluida esta etapa, la comisión emitirá un despacho con visto bueno al Poder Ejecutivo provincial, mientras que la Comisión de Asuntos Institucionales tomará conocimiento de lo resuelto antes de avanzar con el decreto correspondiente.
Durante el encuentro también se abordó el asesinato del ciudadano jujeño Miguel Coria, ocurrido la semana pasada en Tarija. En ese sentido, Paterno adelantó que el tema será trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, el área de Relaciones Exteriores de la Provincia y otras comisiones legislativas.
Por su parte, Antonio Durbal Carrizo valoró el intercambio mantenido con los diputados y sostuvo que la entrevista permitió debatir sobre el rol institucional del comité y la necesidad de fortalecer el trabajo articulado con la Legislatura.
Además, remarcó que las políticas públicas en derechos humanos son fundamentales para garantizar la democracia, el funcionamiento de las instituciones y el acompañamiento a personas privadas de libertad, institucionalizadas o bajo tutela estatal.
Finalmente, indicó que el proceso de designación aún requiere el tratamiento por parte de la Comisión de Asuntos Institucionales y la posterior firma del decreto del Poder Ejecutivo provincial.