La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles, por mayoría, la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de pólizas por parte de organismos estatales.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al planteo de la defensa del ex mandatario. En disidencia votó Gustavo Hornos.
De esta manera, el máximo tribunal penal federal del país dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal porteña que había ratificado el procesamiento de Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, así como el embargo de sus bienes por más de 14.634 millones de pesos.
La mayoría consideró que existió una afectación al principio acusatorio, ya que durante la audiencia ante la Cámara Federal el fiscal José Luis Aguero Iturbe coincidió con la defensa al solicitar la revocación del procesamiento y el dictado de una falta de mérito, al entender que aún restaban medidas de prueba por producir.
" No existió controversia entre las partes respecto del temperamento a adoptar", sostuvo Borinsky en su voto, al remarcar que tanto la fiscalía como la defensa coincidían en que el procesamiento debía ser revisado.
En consecuencia, Casación ordenó que se dicte una nueva resolución teniendo en cuenta esa circunstancia procesal.
Por su parte, Hornos consideró que el recurso debía ser rechazado por inadmisible, al sostener que el procesamiento no constituye una sentencia definitiva. Además, resaltó que el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, se había pronunciado en favor de mantener la decisión apelada.
La causa investiga supuestas maniobras irregulares en la contratación de seguros estatales tras la implementación del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros.
Según la investigación, ese esquema habría favorecido la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas mediante el cobro de comisiones superiores a las habituales del mercado, lo que podría haber ocasionado un perjuicio económico al Estado.
Actualmente, el expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Rívolo, quienes ya avanzan con nuevas medidas de prueba y la toma de testimoniales solicitadas por la defensa del ex mandatario.