La legisladora, María Teresa Agostini, del Frente Jujuy Crece, defendió el proyecto, destacando que Jujuy ha desarrollado políticas de fomento a inversiones por más de una década. Mencionó leyes como la 5.922 de promoción de inversiones y empleo, y la Ley de promoción a la industria vitivinícola jujeña, entre otras. Presentó datos sobre el crecimiento del turismo, con 417 establecimientos hoteleros y un 421% de crecimiento en infraestructura hotelera en las últimas dos décadas.
La funcionaria destacó que, en minería, Jujuy es la tercera provincia exportadora en 2025 y la principal productora de litio, con un crecimiento del 41% respecto a 2024. La minería representa entre el 3.2% y el 4.6% del empleo total, y la participación femenina en esta actividad creció un 236% en la última década. Agostini también resaltó la reducción de la desocupación en Jujuy al 2.2%, frente al 7.9% nacional y el 4.2% del NOA. El proyecto abarca inversiones entre 5 millones y 199.999.999 dólares, dirigido a personas físicas y jurídicas, y ofrece beneficios como exención de impuestos del 100% hasta por 20 años, devolución del 10% de inversiones y reintegro de aportes patronales entre un 50% el primer año y un 25% en el segundo año. Además, exige que el 40% de la mano de obra calificada y el 70% de la no calificada sean locales, y que el 50% de los insumos provengan de proveedores locales.
El bloque Justicialista, a través de Rubén Armando Rivarola, si bien acompañó el proyecto por "obligación" y por buscar "lo mejor para nuestra provincia", manifestó su desacuerdo con varios puntos. Criticó que el proyecto se enfoca en "los más grandes" y no contempla a las pymes, mencionando que las inversiones mínimas son de 5 millones de dólares, una cifra inalcanzable para una pyme. Rivarola también cuestionó la viabilidad de hoteles cinco estrellas en el norte de la provincia y la falta de reinversión social por parte de las grandes empresas mineras. Martín Fellner, del mismo bloque, también apoyó el proyecto, pero lamentó que se esté "olvidando de un universo enorme en el sector y las pymes, los comerciantes que sostienen a la provincia de Jujuy hace muchos años". Señaló que el rango de inversión de 5 a 199 millones de dólares deja fuera a este sector.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, Matías Fernando Paterno expresó su apoyo al proyecto, pero manifestó desacuerdo con el artículo 11, que establece un fondo fiduciario de fomento. Paterno criticó que este fondo, que recibirá el 2% de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos, "viene teñido de un poco la política de los últimos años, del Gobierno oficialista donde se destilan fondos a empresas, pero no se rinden en cuentas". También señaló que el Estado creció en empleo público, no en privado, y sugirió que el fondo debería asistir a microempresas y pymes. Emiliano Vera Robinson, del mismo bloque, acompañó la iniciativa, viéndola como "saludable" e inspirada en el Régimen de Grandes Inversiones a nivel nacional. Sin embargo, pidió "transparencia" en la evaluación de proyectos por parte del Ministerio de Desarrollo y Producción de la provincia de Jujuy, para evitar "burocracia, discrecionalidad".
Kevin Gustavo Ballesty, de La Libertad Avanza, también apoyó el proyecto, considerándolo "muy positivo" y un "punto de partida necesario". Sin embargo, hizo un "aporte constructivo" sobre la situación de las pymes y autónomos, criticando la "saturación de tasas e impuestos a nivel municipal" y las "pequeñas mordidas" que afectan a los pequeños negocios. Mencionó que el costo de la energía eléctrica a menudo supera el alquiler de los locales, y propuso una "coherencia fiscal" entre los niveles nacional, provincial y municipal para aliviar la carga sobre los comerciantes.
Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, rechazó el proyecto, calificándolo de "esquema regresivo" que beneficia a las grandes empresas con exenciones impositivas, mientras "el que menos tiene paga más impuestos". Vilca argumentó que leyes similares en el pasado no generaron el empleo prometido y citó ejemplos de empresas que recibieron beneficios, pero no cumplieron con sus obligaciones laborales. Criticó que la provincia se enfoque en la megaminería y el saqueo, y propuso un "Jujuy del pueblo trabajador" donde la riqueza esté bajo control de los trabajadores y comunidades.
Por su parte el legislador, Gastón Remy también del Frente de Izquierda calificó al proyecto de "una zanahoria, para prometerle al pueblo empleo y desarrollo sostenible de los territorios, pero después ninguna de esas cosas se da en realidad". Comparó el registro de empleo de 2016 con 59.693 registrados hasta diciembre del 2025 con 58.505, y señaló que "menos empleo en 10 años de leyes provinciales de fomento". Al finalizar expresó que "se están llevando la riqueza de Jujuy en nuestras caras y después hay que decirle al Instituto que no se les puede pagar a los médicos y que la gente no pueda atenderse. Es una vergüenza, señor presidente, por eso no vamos a acompañar este proyecto".
María Sanchez Cantaberta, del Bloque Diputados Justicialistas, anunció su apoyo al proyecto, aunque con críticas. Expresó preocupación por la situación de las pymes, que no son tenidas en cuenta por las "inversiones que exigen son realmente abismales". Sin embargo, justificó su voto favorable por las "cláusulas, obligaciones que se generan a quienes son beneficiarios", como la exigencia de que el 50% de los bienes adquiridos sean de proveedores locales y que el 70% de la mano de obra no calificada y el 40% de la calificada sean de la provincia.
Carlos Guillermo Haquim, del Bloque Primero Jujuy, acompañó el proyecto, pero advirtió sobre la tendencia de que "la solución viene de afuera" y que las utilidades de las grandes empresas no se reinvierten en Jujuy. Señaló que, a pesar de la actividad económica, "nos queda un puñadito muy chico que se reinvierte en Jujuy", y que esto ha "aniquilando al empresariado jujeño fuerte". Propuso exigir a los inversores externos que un porcentaje de sus utilidades se reinvierta en proyectos turísticos e infraestructura local.