Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes aseguraron que el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente en torno a los 340.000 dólares, es decir, unos 110.000 dólares por encima de los 230.000 que figuran en la operación oficial.

Durante su testimonio, Rucci indicó además que la propiedad había sido remodelada, lo que incrementaba su valor de mercado. En ese marco, calificó como “poco frecuente” la modalidad de pago utilizada en la compra, ya que —según señaló— no es habitual en el sector inmobiliario concretar operaciones en 12 cuotas sin interés.

Por otra parte, la martillera aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque sí mencionó haber ofrecido la propiedad a Pablo Feijoo, hijo de una de las mujeres involucradas en la operación. Según relató, el hombre le respondió que ya contaba con un interesado.

De acuerdo a la investigación, Feijoo habría sido quien puso en contacto a las partes —entre ellas su madre, otra jubilada y el propio Adorni— y habría llevado adelante la operatoria que culminó con la escritura del inmueble por 230.000 dólares. La transacción incluyó un pago de 30.000 dólares en efectivo y el resto en cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

La causa continúa avanzando en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien citó a Feijoo a declarar el próximo miércoles 22 de abril. En esa instancia deberá presentar su teléfono celular y documentación vinculada a la operación.

El cronograma de testimoniales seguirá el viernes con la declaración de Matías Tabar, encargado de las refacciones en una propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida por la esposa del funcionario. Finalmente, el 27 de abril será el turno de Juan Cosentino, quien intervino en la venta de esa vivienda al matrimonio conformado por Adorni y Bettina Angeletti.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario nacional, en un expediente que sigue sumando testimonios y pruebas.