En el marco de un encuentro regional que congregó a los principales referentes políticos del NOA y el NEA, el senador nacional y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó un encendido discurso con una marcada impronta federalista, en el que llamó a fortalecer la unidad estratégica del Norte Grande para enfrentar las históricas asimetrías con el centro del país.

Durante su intervención, el legislador destacó el peso institucional de la región y exhortó a utilizarlo como herramienta para reclamar una distribución más justa de los recursos nacionales. “El Norte Grande abarca el 30% del territorio nacional y concentra el 40% de las bancas en el Senado de la Nación. Tenemos 30 senadores y casi 70 diputados. Es momento de usar ese poder para reclamar lo que nos pertenece y que el presupuesto nacional refleje las necesidades de infraestructura de nuestro norte”, enfatizó.

Valdés también cuestionó con dureza la política de conectividad nacional, a la que calificó como un modelo “centralista y mentiroso”, señalando que las provincias del norte continúan relegadas en materia de obras y desarrollo. Hacia el cierre de su alocución, apeló a la construcción de consensos y a una “voluntad política sin mezquindades” para alcanzar la unión de los argentinos. “Si el norte argentino se pone de pie, en la Argentina comienzan a desaparecer las inequidades”, sostuvo.

En el mismo encuentro, el Parlamento del Norte Grande resolvió instar al Poder Ejecutivo Nacional a la “urgente distribución” de los fondos recaudados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), solicitando que estos sean transferidos a las provincias de manera equitativa y continua.

Al respecto, el diputado tucumano José Cano, integrante del bloque Radicalismo Federal, denunció la discrecionalidad en el manejo de estos recursos por parte del Gobierno nacional. “Es imperativo denunciar la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo Nacional está manejando los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. La Ley 23.966 no es una sugerencia presupuestaria; es una norma con asignación específica”, remarcó.

El legislador explicó que los fondos recaudados tienen destinos fijados por ley, como la infraestructura vial, las obras hídricas y el fondo compensador del transporte. Sin embargo, advirtió que la recaudación acumulada proyecta una cifra superior a los 11 billones de pesos sin que ello se refleje en mejoras concretas. “La realidad de nuestras rutas cuenta una historia de abandono absoluto”, señaló.

Asimismo, Cano subrayó que estos recursos no están a libre disposición del Ministerio de Economía y denunció que el Gobierno nacional estaría reteniendo fondos que deben ser destinados al mantenimiento de las arterias nacionales. “Mientras el usuario paga el impuesto cada vez que carga combustible, el beneficio de esa tasa —que debería volver en seguridad vial y eficiencia logística— desaparece en las arcas del Tesoro Nacional para otros fines no autorizados por la ley”, afirmó.

Finalmente, el diputado insistió en la necesidad de cumplir con la normativa vigente: “No se trata solo de números o de equilibrio fiscal; se trata de la seguridad de quienes transitan y de la competitividad de nuestras economías regionales. La ley se debe cumplir, y las obras deben ejecutarse”, concluyó.