En la previa de la votación en la Cámara de Diputados, la administración de Javier Milei habilitó distintos mecanismos de asistencia financiera. Solo en adelantos de coparticipación, se autorizaron $400.000 millones para 12 distritos, en una estrategia orientada a consolidar apoyos políticos en el Congreso.
A esos recursos se sumaron transferencias vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales alcanzaron los $27.000 millones para siete provincias, entre ellas Jujuy, en paralelo al tratamiento legislativo.
Jujuy, gestiones directas y respaldo político
En ese marco, el gobernador Carlos Sadir mantuvo reuniones con funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, quien tuvo un rol fundamental en la articulación con las provincias.
Según trascendió, en esos encuentros se abordó la situación financiera de Jujuy, marcada por la caída de la coparticipación y la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado provincial. Las gestiones incluyeron pedidos de asistencia, obras y alternativas de financiamiento en un escenario de restricciones.
En la Casa Rosada reconocen que el diálogo con mandatarios como Sadir fue determinante para garantizar los votos en el Congreso. La estrategia combinó respaldo político con alivio financiero parcial.
Fondos para sostener la gobernabilidad
El paquete financiero incluyó además acuerdos previsionales por $160.000 millones: $120.000 millones para Santa Fe y $40.000 millones para Corrientes, en el marco de la asistencia a cajas jubilatorias provinciales.
Desde el oficialismo sostienen que los envíos buscan garantizar estabilidad política en un contexto de ajuste fiscal. Sin embargo, los fondos no son de libre disponibilidad: los adelantos de coparticipación deberán ser reintegrados antes de fin de año.
“Nos adelantan fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos. Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”, expresó el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
Apoyo político a cambio de recursos
El respaldo de los mandatarios fue importante para la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares. El oficialismo consiguió los votos con acompañamiento de provincias del norte y oeste, entre ellas Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.
La estrategia incluyó gestiones políticas y financieras para sostener acuerdos en un escenario de caída de recursos, con herramientas como avales a créditos, obras y transferencias parciales.
Intendentes en alerta por la caída de ingresos
Pese a la asistencia, el panorama en el interior se complejiza. Intendentes de todo el país denunciaron una “asfixia financiera crítica” y avanzan en reclamos ante el Gobierno nacional.
Según datos de jefes comunales, la coparticipación federal registra caídas de entre el 17% y el 20% en lo que va del año, lo que compromete el pago de salarios y del medio aguinaldo de junio.
Conflictos sociales y economías regionales en crisis
El deterioro también se refleja en conflictos sectoriales. Persisten paritarias abiertas con docentes y estatales, y se registraron protestas policiales en provincias como Jujuy, Santa Fe y Catamarca.
A esto se suma la presión inflacionaria: la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo un alza del 3%, anticipando un dato nacional que podría impactar nuevamente en los ingresos.