El diputado Diego Rotela, del bloque Frente Jujuy Crece, señaló que “son 180 familias jujeñas las que están sufriendo una situación extrema al ver en riesgo sus propiedades”. Muchos de estos beneficiarios contrajeron créditos de entre $1.200.000 y $2.000.000 hace ocho o nueve años, pero aún enfrentan deudas que en algunos casos superan los $100.000.000.
Gestión ante la Nación y protección de derechos
Rotela explicó que el plazo de suspensión de ejecuciones servirá para “encaminar gestiones ante la Nación y adoptar medidas que sean mejores para quienes recurrieron a estos créditos”. Además, adelantó que se exhortará a los legisladores nacionales por Jujuy a intervenir en la cuestión.
“El Gobierno de la Nación es el principal acreedor, a través del Banco Nación, y tiene recursos para condonar, cuanto menos, los intereses”, agregó el legislador, destacando la capacidad financiera de la entidad estatal frente a las dificultades de los deudores.
Créditos privilegiados vs. ciudadanos comunes
El diputado también criticó la disparidad entre las condiciones de los créditos hipotecarios para funcionarios y ciudadanos comunes: “Entre 2025 y lo que va de 2026, el Banco Nación incrementó un 86% su presupuesto para publicidad y otorgó préstamos muy ventajosos a 1.440 funcionarios nacionales, a una tasa de 4,5%”.
Rotela cuestionó el discurso libertario de austeridad y déficit cero frente a estas prácticas: “Aquellos que pregonan que no hay plata y que el Estado debe retirarse de la economía, utilizan la banca pública sostenida por los impuestos de todos para asegurar su patrimonio personal”.
Privilegios institucionalizados
El legislador subrayó que “el acceso a estas líneas de crédito en condiciones de privilegio no es solo una cuestión de dinero, es un símbolo de una nueva jerarquía que se sirve de las instituciones mientras las desmantela para el resto de los argentinos, en especial para la gente en situación de vulnerabilidad”.
Además, alertó sobre la acumulación de expedientes de nuevos préstamos con prioridad política: “Los despachos violetas se llenan de carpetas para nuevos préstamos militantes y en los tribunales siguen su curso las ejecuciones contra el común de la gente”.
El proyecto en debate busca equilibrar la balanza y dar un respiro a las familias jujeñas afectadas, en un contexto donde los créditos hipotecarios del Banco Nación revelan disparidades entre funcionarios y ciudadanos comunes, marcando un precedente en la protección de derechos habitacionales.