Morales explicó que ya se concretó la primera reunión del año de la Comisión de Género, donde definieron líneas de trabajo orientadas a una mayor apertura hacia sectores sociales. “Vamos a asumir el compromiso de abrir las puertas de la comisión a las trabajadoras, a las mujeres de las barriadas, de las comunidades indígenas, juventudes, los feminismos”, afirmó.
En ese sentido, destacó la importancia de que estos sectores puedan ser escuchados y plantear sus problemáticas, al considerar que son quienes “están primero afrontando las políticas de ajuste que recaen sobre las espaldas de la mayoría de las mujeres”.
Durante el encuentro también convocó a representantes del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades para que brinde un informe sobre la aplicación de la Ley Iara. Según indicó, se acordó realizar dos jornadas los próximos miércoles a las 11 de la mañana para avanzar en ese análisis y habilitar preguntas tanto de legisladores como de organizaciones.
Morales remarcó la gravedad de la situación en la provincia al señalar que “encabeza los índices de femicidio, situaciones de violencia de género en todos los ámbitos”, y advirtió que el contexto económico y social agrava estos escenarios. “Es urgente que haya no solo políticas acordes en la ley, sino que haya presupuestos que puedan acompañar para prevenir y para evitar situaciones o desenlaces fatales como son los femicidios”, sostuvo.
En relación a la Comisión de Pueblos Indígenas, la legisladora indicó que continuará integrándola y subrayó la relevancia de su funcionamiento, al mencionar que en la provincia existen “más de 400 comunidades indígenas" y que "10 pueblos originarios" atraviesan diversas problemáticas.
Sin embargo, cuestionó el funcionamiento del espacio al afirmar que “es una comisión que suele ser vaciada” y planteó la necesidad de garantizar la participación de las comunidades. “La Legislatura no lo hace generalmente, y más bien cierra puertas y también ataca a las comunidades indígenas”, denunció.
Finalmente, Morales también hizo referencia a iniciativas legislativas que, según su postura, perjudican a los pueblos originarios, como la reforma de la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señalando que han contado con el aval de bloques mayoritarios.



