La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la ampliación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por legisladores de la oposición. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro solicitaron a la Justicia que cite a declarar a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias cuestionadas.
La nueva presentación judicial apunta a esclarecer la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, realizada por Adorni apenas dos semanas después de asumir su cargo. Según la denuncia, el inmueble —de casi 200 metros cuadrados y ubicado en una zona cotizada— fue escriturado por 230 mil dólares, un valor considerablemente inferior a los 340 mil dólares que habría sido su precio original.
Uno de los puntos más controvertidos radica en la modalidad de financiación: la operación se concretó mediante una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, otorgada por las propias vendedoras del inmueble. Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario o haberle prestado dinero.
Para los denunciantes, esta estructura podría haber sido utilizada para simular una operación legal y justificar la adquisición de un bien que —afirman— no se condice con los ingresos declarados por el funcionario ni por su esposa, Bettina Angeletti. En esa línea, Paulón sostuvo públicamente que las transacciones “deben ser clarificadas” y no descartó solicitar también la citación de las vendedoras.
La investigación no se limita a esta operación. El expediente judicial incluye además otros hechos que generan sospechas: viajes al exterior sin respaldo documental claro, la participación de Angeletti en una comitiva oficial con gastos cubiertos, vuelos privados a destinos como Punta del Este, y la presunta omisión de bienes en declaraciones juradas, entre ellos una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.
Asimismo, se analiza una posible triangulación de contratos vinculados a la consultora de la esposa del funcionario con organismos del Estado, lo que podría configurar incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
La causa se encuentra en manos de la Justicia Federal, que investiga la evolución patrimonial de Adorni y busca determinar si existió un incremento injustificado de sus bienes.
Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazan las acusaciones y aseguran que no hay irregularidades. El funcionario sostiene que su patrimonio es resultado de más de dos décadas de actividad en el sector privado y que toda la documentación correspondiente será presentada ante la Justicia. También argumentó que algunos bienes aún no figuran en su declaración jurada debido a que el período de presentación no está cerrado.
Pese al avance de la causa y las versiones sobre su posible salida del Gobierno, en Casa Rosada aseguran que Adorni continúa firme en su cargo.