Entre las normas que se pretende eliminar figuran la llamada “Ley del Lobizón”, la que obliga a portar un “carnet de mochilero” para viajar a dedo, y la que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que ordene azotar a una persona. También se apunta contra disposiciones como la que autoriza emisiones de televisión a color, la que establece el uso de microfilmación para documentos oficiales y la que otorga premios en metálico a quienes descubran minas de carbón.
El oficialismo también busca barrer la Ley 16.789, sancionada en 1965 que va a contramano de las ideas libertarias. Es que el texto establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”.
Sturzenegger explicó que el objetivo es “dejar atrás lo que es exceso, inútil, sin propósito” y avanzar en un proceso de desburocratización. En sus fundamentos, el ministro calificó como “ridículas” varias de las leyes vigentes y señaló que algunas incluso “limitan la libertad individual”, como la que permite al Estado supervisar reuniones privadas.
El proyecto también cuestiona normas que otorgan privilegios a legisladores, como credenciales para libre circulación y estacionamiento, y busca modificar el financiamiento de organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, para que no dependan de fondos nacionales.
Con información de: Ámbito Financiero