La causa busca determinar si existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis de la fiscalía, se intenta establecer si el pago de ese vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información incluyó no solo los montos de los contratos, sino también los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó registros de ingresos, egresos y justificación de inasistencias de Grandío, con el fin de verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas o si se trataba de beneficios irregulares.