La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un total de 1907 fallos en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad entre 2004 y el 17 de marzo de 2026, consolidando su papel central en el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina.
El tribunal tuvo una intervención decisiva en la reapertura de los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), especialmente a partir del emblemático fallo “Simón”, firmado el 14 de junio de 2005. En esa resolución, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que permitió reactivar las causas contra responsables del terrorismo de Estado.
Un año antes, en 2004, el máximo tribunal ya había sentado un precedente fundamental con el fallo “Arancibia Clavel”, al establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Más adelante, en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares durante la década de 1990.
Según datos oficiales de distintas áreas del propio tribunal, el total de fallos registrados corresponde al período comprendido desde 2004 hasta marzo de este año.
En paralelo, cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indican que desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Actualmente, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Corte también recordó el histórico Juicio a las Juntas, considerado un hito a nivel mundial en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.
Durante ese homenaje, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, destacó que se trató de un “auténtico juicio justo” en un contexto complejo. En la misma línea, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo calificó como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”, mientras que el juez Ricardo Lorenzetti subrayó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.
A cinco décadas del inicio de la dictadura, los números reflejan no solo el avance de los procesos judiciales, sino también la consolidación de una política de Estado en torno a la memoria, la verdad y la justicia.