Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario Manuel Adorni, por presuntos vínculos comerciales entre su consultora y empresas con relación con el Estado.
La presentación recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, y plantea la posible existencia de un conflicto de intereses a partir de contrataciones de la firma +BE, propiedad de Angeletti.
El eje de la denuncia
Según el escrito, podría existir un supuesto “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la empresa National Shipping SA y la consultora de Angeletti.
De acuerdo a la denuncia, +BE habría brindado capacitaciones a directivos de la naviera en tres ocasiones entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos. Pagano sostiene que este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos, teniendo en cuenta que Adorni integra el directorio de YPF como representante estatal desde enero de 2026.
Desde la empresa naviera señalaron que su relación contractual con YPF lleva casi tres décadas y que las capacitaciones se realizaron antes de la designación del funcionario.
Tecnópolis y vínculos empresariales
La denuncia también apunta a la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Entre las empresas preseleccionadas figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio, quien —según la presentación— tendría vínculos comerciales con la consultora +BE.
El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, asesora en la órbita de Karina Milei, quien habría tenido relación con ese grupo empresarial.
Otras empresas bajo análisis
La denuncia incluye además supuestos vínculos de la consultora con el Grupo Datco, firma tecnológica que presta servicios a organismos como Banco Central de la República Argentina, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.
Asimismo, se mencionan posibles irregularidades en licitaciones de servicios de mensajería oficial durante la gestión de Adorni en Comunicación, en las que participaron empresas como ATX SA y Area Tech SA. Según la denuncia, existirían vínculos entre ambas firmas que podrían configurar una simulación de competencia.
Investigación patrimonial
El escrito judicial también solicita analizar la evolución patrimonial de Adorni, al señalar un posible incremento de bienes en relación con ingresos declarados, además de la existencia de deudas con acreedores privados.
La denunciante comparó el esquema bajo investigación con antecedentes como las causas Hotesur y Los Sauces, donde se analizaron estructuras empresariales familiares vinculadas a contratistas del Estado.
Ahora, la Justicia federal deberá determinar si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si configuran un caso de conflicto de intereses o irregularidades en la relación entre empresas y el sector público.