En una sesión cargada de tensión política y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, el Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que celebra así uno de los hitos más importantes de su gestión.

La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia), en un escenario donde el oficialismo logró consolidar acuerdos con bloques dialoguistas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue una de las protagonistas de la jornada. Tras la votación, encabezó una foto junto a los senadores libertarios en señal de festejo y defendió con énfasis la norma. “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que en gestiones anteriores “en nombre de los trabajadores se los mandó a la informalidad”.

La Cámara alta ratificó los cambios introducidos en Diputados, entre ellos la eliminación del polémico artículo 44 que contemplaba una reducción salarial de hasta el 50% para trabajadores con licencias prolongadas por enfermedad o accidentes graves.

Sin embargo, la norma mantiene puntos que generaron fuertes cuestionamientos opositores, como la modificación del régimen de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, limitaciones al derecho de huelga y cambios en estatutos profesionales.

Además, incorpora el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), complementario al RIGI aprobado previamente.

El senador oficialista Juan Cruz Godoy defendió el proyecto al señalar que es “producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación” y aseguró que busca reducir la litigiosidad laboral y dar previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores. “Más del 70% del empleo lo generan las pymes y debemos darles herramientas para invertir y crear trabajo”, argumentó.

La oposición habló de “ley esclavista” y anticipó judicialización
Desde el bloque Justicialista, el rechazo fue contundente. El senador Mariano Recalde calificó la norma como una “ley monstruosa” y advirtió que “conspira contra la seguridad jurídica que el propio Gobierno dice buscar”.

En la misma línea, José Mayans fue uno de los más duros en el cierre del debate: “Es una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”, lanzó, y anticipó que el texto “va derecho al conflicto judicial”.

También el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich alertó que la reforma “va a impactar negativamente en el empleo, precarizar el trabajo y deteriorar el salario”.

Desde el PRO, en cambio, respaldaron la aprobación. La senadora Andrea Cristina consideró que es necesario “actualizar la legislación laboral para que Argentina sea competitiva y previsible”, mientras que otros legisladores remarcaron que apoyar la ley “no es estar en contra de los trabajadores”.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consolida su estrategia de reformas estructurales orientadas —según plantea— a modernizar el mercado laboral y fomentar la inversión. Para la oposición, en cambio, se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

El debate promete continuar ahora en los tribunales y en la calle, en un país donde la discusión entre competitividad y protección laboral vuelve a ocupar el centro de la escena política.