La norma reemplaza el régimen vigente desde hace 46 años y propone un esquema “moderno, integral y especializado”, según defendió el oficialismo durante el debate en el Senado de la Nación Argentina.
La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales. El bloque peronista fue el principal opositor a la iniciativa.
Qué establece la nueva ley
Además de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el nuevo régimen fija penas máximas de hasta 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena.
En casos con penas de hasta 3 años, o de entre 3 y 10 años que no involucren delitos graves, se prevén alternativas a la privación de libertad. Entre ellas: amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para salir del país y servicio comunitario.
El texto también contempla instancias de mediación, programas de educación, recreación, atención médica y contención por adicciones.
“El objetivo es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, señala el proyecto aprobado.
Presupuesto y debate por la implementación
Para la implementación del nuevo régimen se asignó una partida de $23.739.155.303. Más de $20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación y más de $3.000 millones al Ministerio de Justicia.
Desde el oficialismo sostienen que los fondos permitirán garantizar la defensa técnica y crear la figura de “supervisores”, profesionales con formación en educación, psicología, trabajo social y adicciones, encargados del seguimiento semanal de los adolescentes.
Sin embargo, legisladores opositores advirtieron que el monto podría resultar insuficiente. Durante el debate se planteó que, sin financiamiento adecuado, la ley podría enfrentar dificultades en su aplicación en las provincias.
Bullrich capitaliza el triunfo político
La ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue una de las principales impulsoras del proyecto. Tras la votación, expresó en redes sociales: “Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia”.
El miembro informante del proyecto fue el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, quien definió la jornada como “histórica” y afirmó que se salda “una deuda con la sociedad”.
La sesión se desarrolló en un contexto de fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y dejó expuestas diferencias sobre el rol del Estado frente a los menores en conflicto con la ley.
Con la sanción definitiva, el Gobierno suma una de sus reformas centrales en materia de seguridad y coloca el nuevo régimen como eje del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. La implementación en las provincias será el próximo desafío.