La abstención fue de la neuquina Julieta Corroza. En contra votaron legisladores del interbloque que conduce José Mayans, parte del radicalismo y representantes del PRO y bloques provinciales.
Qué cambia con la nueva norma
La reforma devuelve a las provincias la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para determinar la relevancia hídrica de tierras periglaciares. Hasta ahora, esa tarea estaba centralizada en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
El cambio era reclamado por mandatarios provinciales desde diciembre, en el marco de las negociaciones por otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
En el cierre del debate, Patricia Bullrich llamó a superar la dicotomía “agua o trabajo” y afirmó que la modificación “no cambia la concepción” de la ley sancionada en 2010, sino que apunta a “producir en cada rincón donde sea posible”.
Cruces y acusaciones en el recinto
El miembro informante del oficialismo, Austín Coto, cuestionó la redacción original de la norma y citó versiones taquigráficas del debate de 2010. En su exposición, sostuvo que se trató de una ley “de presupuestos máximos” que omitía el alcance del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales.
Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusán criticó la incorporación de cambios al dictamen y reclamó mayor claridad sobre el texto sometido a votación. “¿Vamos a votar un texto sin haberlo discutido en comisión?”, planteó.
También hubo cuestionamientos por parte del santacruceño José María Carambia, quien advirtió que el artículo 6° “genera libre interpretación” y podría convertirse en “una autorización tácita encubierta”. “Hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos”, señaló.
Argumentos a favor y el rol de las provincias
Entre los respaldos al proyecto, la misionera Sonia Rojas Decut sostuvo que la reforma “no baja estándares”, sino que “clarifica competencias y fortalece los procesos de evaluación científica y ambiental”.
En la misma línea, Flavia Royón rechazó las críticas sobre una eventual flexibilización ambiental y defendió el rol de los equipos técnicos provinciales. “El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas”, afirmó.
El voto del cordobés Luis Juez también fue seguido con atención, dado que en 2010 había acompañado la sanción de la ley original. Finalmente, apoyó la modificación y argumentó que su postura responde a un análisis actual del contexto productivo.
Con la aprobación en el Senado, el gobierno de Milei suma una reforma estructural en materia de recursos naturales y abre una nueva etapa en la discusión sobre el equilibrio entre explotación minera y protección ambiental, con mayor protagonismo de las provincias cordilleranas.