El Senado de la Nación entró en la recta final del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por fuertes cruces discursivos y denuncias de modificaciones de último momento.
El Gobierno impulsa una norma que define como “aclaratoria” para promover inversiones mineras, mientras que sectores de la oposición advierten sobre posibles retrocesos en la protección ambiental y la seguridad jurídica.
La Cámara alta inició el tratamiento con quorum asegurado: con 40 senadores presentes —entre ellos legisladores de La Libertad Avanza, aliados y el bloque peronista que ingresó sobre la hora— la sesión comenzó doce minutos después de lo previsto.
Antes del debate ambiental, el cuerpo aprobó por amplia mayoría el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que cosechó 69 votos afirmativos y apenas 3 negativos. El Poder Ejecutivo deberá ahora reglamentarlo, aunque en Europa aún se esperan definiciones judiciales ante impugnaciones presentadas.
La senadora salteña Flavia Royón defendió la actualización normativa y rechazó las críticas ambientales más duras. “No se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos”, afirmó.
Royón sostuvo que el texto no habilita nuevas actividades en zonas protegidas y que ratifica las prohibiciones vigentes. En ese sentido, remarcó que los estudios de impacto ambiental —que deben presentarse antes de iniciar actividades y actualizarse cada dos años— constituyen la garantía de control técnico y participación ciudadana.
La legisladora aportó además datos sobre el uso del agua en San Juan, donde el 94% se destina al agro y el 1,2% a la industria en general. Según su postura, el debate debe centrarse en la eficiencia y la prioridad del recurso hídrico, y no en una “dicotomía artificial” entre desarrollo y ambiente.
También defendió la capacidad técnica de las provincias para gestionar sus recursos naturales y destacó el rol de profesionales especializados, particularmente geólogos sanjuaninos, en la elaboración del inventario de glaciares.
En la misma línea se expresó el senador cordobés Luis Juez, quien rechazó cuestionamientos por haber votado a favor de la ley original en 2010. Argumentó que en los últimos 16 años se consolidó un “plexo legal” que hoy permite adecuar la normativa sin vulnerar la Constitución.
Juez defendió la autonomía provincial sobre los recursos naturales y sostuvo que la reforma podría generar entre 12.000 y 15.000 empleos si se dinamizan las inversiones mineras. Además, calificó algunas campañas en contra de los cambios como “terrorismo ecológico” y pidió “superar las barreras discursivas”.
Desde la oposición, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció que el oficialismo introdujo modificaciones de último momento al dictamen sin debate previo. Según relató, los legisladores recibieron una copia impresa del nuevo texto apenas cinco minutos antes del tratamiento en el recinto.
“Van a terminar votando algo que no saben”, advirtió, al tiempo que calificó la situación como “una vergüenza” y alertó sobre el riesgo de priorizar intereses económicos por sobre la protección del agua y el ambiente.
En tanto, la senadora santacruceña Alicia Kirchner expresó su preocupación por el posible impacto institucional de la reforma. “El agua es un recurso estratégico. El agua potable es fundamental para la siembra y para la vida”, subrayó, y recordó que Argentina es una de las principales reservas de agua dulce del mundo.
Kirchner solicitó que el proyecto vuelva a comisión para un análisis más exhaustivo y advirtió que modificar la ley sin el debido debate podría generar inseguridad jurídica y un “retroceso institucional”.
Con posiciones firmes de ambos lados, el debate expone dos visiones contrapuestas: quienes sostienen que la reforma permitirá atraer inversiones sin debilitar la protección ambiental, y quienes alertan sobre un posible debilitamiento de una de las normas clave en la defensa de los recursos hídricos del país.
En un Senado dividido, la votación se anticipa ajustada. El resultado definirá no sólo el futuro de la regulación en zonas glaciares y periglaciares, sino también el rumbo de la política minera argentina en los próximos años.