Según el organismo oficial, el índice mostró una suba superior al 2,8% registrado en el último mes de 2025, encadenando así cinco aumentos consecutivos. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) había proyectado para enero una inflación del 2,4%, por lo que el resultado generó sorpresa entre analistas y operadores económicos.
El informe se conoció en medio de cuestionamientos a la credibilidad del Indec, luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera frenar la publicación de un IPC actualizado con una nueva base metodológica, una decisión que derivó en la salida de Lavagna y tensiones internas en el organismo.
Un dato por encima de lo esperado
El 2,9% informado por el Indec no solo quedó por encima de las previsiones del mercado, sino que también reflejó una aceleración frente al cierre de 2025. Se trata del primer índice difundido tras el cambio en la conducción del organismo estadístico, ahora a cargo de Pedro Lines, exdirector técnico.
En la comparación con otros indicadores, el dato nacional resultó inferior al IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que para enero registró un 3,1%, impulsado principalmente por aumentos superiores al 15% en precios estacionales. En ese índice porteño, la inflación núcleo mostró una desaceleración de seis décimas.
La diferencia entre ambos números volvió a poner en discusión las metodologías utilizadas y el peso que tienen los distintos rubros, en especial los servicios, dentro de cada medición.
Metodología en el centro de la escena
Uno de los principales focos de la polémica es que el IPC nacional continúa calculándose con una base metodológica de 2004, pese a que el Indec ya tenía listo un nuevo índice elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.
Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, se justificó la decisión de postergar la actualización bajo el argumento de que “no se pueden comparar peras con manzanas”, debido a que los ponderadores actuales asignan menor peso a los servicios, un rubro que tendrá aumentos por encima de la inflación, según lo anticipado por el propio Gobierno.
La actualización del índice, señalaron desde Economía, podría generar “ruidos” en las expectativas inflacionarias. En ese marco, Caputo anunció que se realizará una nueva encuesta de gastos para reflejar cambios en los patrones de consumo posteriores a la pandemia, un proceso que demandaría unos cuatro años y un costo estimado de US$5 millones.
Impacto político y económico
La controversia también generó reacciones gremiales e institucionales. Minutos antes de la difusión del IPC, trabajadores de ATE Indec realizaron una protesta frente a la sede del organismo, alertando sobre un posible deterioro institucional. En paralelo, la Sociedad Argentina de Estadística (SAE) expresó su “preocupación” por la decisión oficial de no publicar el nuevo índice.
Economistas advierten que la falta de actualización metodológica podría llevar a que distintos actores económicos comiencen a tomar como referencia índices privados o alternativos, con impacto no solo en inflación, sino también en otros indicadores sensibles como pobreza y salarios.
De cara a 2026, el Gobierno proyecta una inflación anual del 10,1% en el proyecto de Presupuesto, mientras que el REM del BCRA estima un 22,4%, más del doble. En ese escenario, el dato de enero no solo marca el pulso del inicio del año, sino que anticipa que la discusión sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales seguirá ocupando un lugar central en la agenda económica.