La solicitud oficial se basa en que Sala, exlegisladora provincial de Jujuy, fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas y tiene una pena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. Según el Gobierno, el beneficio de la prisión domiciliaria dejó de ser pertinente ante la gravedad de los delitos y la existencia de una condena firme.
En la documentación presentada ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las quejas de la defensa sobre un supuesto “hostigamiento judicial”. Ese material oficial incluye registros que, según las autoridades, muestran que Sala cambió de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y llevó a mayores controles penitenciarios
Desde el Ejecutivo argumentan que esta situación evidencia que la continuidad de la prisión domiciliaria constituye “un claro beneficio” que posiciona a la dirigente en un régimen más cómodo que el que corresponde a una persona con condena firme por delitos graves. En el comunicado oficial se sostiene que los derechos humanos “están para proteger a las personas, no para asegurar la impunidad de criminales”.
Con información de: Infobae