Según expresaron, la decisión del Gobierno de mantener sin cambios la fórmula actual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), postergando la actualización de las ponderaciones prevista para enero, fue el detonante de la dimisión de Lavagna y un punto crítico en la discusión sobre la credibilidad de las estadísticas públicas.
Impacto en las provincias
La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, integrante de Convicción Federal, advirtió que las distorsiones en la medición inflacionaria tienen consecuencias más severas en el interior del país. “En provincias como Jujuy, si hay distorsiones en la medición del impacto inflacionario, las consecuencias son aún más graves”, afirmó.
Moisés explicó que el uso de parámetros desactualizados invisibiliza el deterioro real del poder adquisitivo. “Todo se complica porque se subestima el peso real de los servicios, el transporte y los alimentos, y no se refleja el verdadero impacto en salarios, jubilaciones y programas sociales”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que la falta de datos precisos dificulta la toma de decisiones públicas acordes a la realidad económica. “Se hace imposible dimensionar el real costo de vida en el interior de la Argentina y se toman decisiones económicas y políticas públicas que no están a la altura de las respuestas que necesita la gente”, completó.
Un proyecto para advertir y reformar
Moisés, junto a los senadores Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Fernando Salino (San Luis), presentó un Proyecto de Declaración (Exp. 1534/25) en el que se advirtió sobre las declaraciones públicas de Lavagna, quien había argumentado razones técnicas para justificar la postergación de la nueva metodología del IPC.
“Esta decisión afecta el acceso de la población a información real de indicadores económicos actualizados”, señalaron los legisladores, al advertir que detrás de la demora existirían especulaciones de carácter político que impiden conocer con precisión la situación económica del país.
Propuestas legislativas en el Congreso
Además, el bloque presentó dos Proyectos de Ley orientados a modificar el funcionamiento del Indec. El primero (Exp. 1571/25) propone que la estructura de ponderaciones del IPC se actualice cada diez años, con el objetivo de reflejar los cambios en los patrones de consumo de los hogares argentinos y asegurar la representatividad nacional y regional de los datos.
El segundo proyecto (Exp. 1688/25) apunta a regular la elaboración de las estadísticas de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, indicadores clave para medir pobreza e indigencia.
Un debate sobre credibilidad y derechos
Desde Convicción Federal advirtieron que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de sostener mediciones con parámetros desactualizados no solo afecta la credibilidad del país frente a los mercados y potenciales inversores, sino también el derecho de la población a acceder a información pública fidedigna.
En ese marco, el bloque insistió en la necesidad de transparentar y actualizar las estadísticas oficiales, en un contexto en el que los datos económicos resultan centrales para evaluar el impacto real de la inflación en la vida cotidiana de millones de argentinos.