Durante su exposición, Moisés señaló que el grupo está integrado por afiliados del PJ que fueron sancionados por la intervención partidaria y sostuvo que el objetivo central es “garantizar la participación de todos los militantes que llevan más de 25 años sin poder elegir a las autoridades partidarias, sin poder elegir a sus candidatos para los cargos electivos”. En ese sentido, afirmó que la intervención tenía el mandato de normalizar el partido y convocar a elecciones internas, algo que, según indicó, “no ha sucedido”.
La legisladora calificó como “un acto de cobardía total y un mamarracho jurídico” la resolución que suspendió el proceso electoral y dispuso sanciones contra más de 300 afiliados. A su entender, la decisión tuvo como objetivo “abortar el proceso electoral” y evitar una competencia interna. “El que gana conduce, el que pierde acompaña, nosotros estamos dispuestos a cumplir con esa regla de fuego también”, expresó.
Moisés también cuestionó a la conducción nacional del partido y afirmó que Cristina Fernández de Kirchner “dio la orden para que esto pase”, al tiempo que sostuvo que la situación interna del PJ desvía la atención de problemáticas provinciales como la educación, la situación económica, la factura de luz, la inseguridad y el avance del consumo de drogas. “A mí me da vergüenza como peronista que nuestra presidenta a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en vez de estar construyendo una alternativa para los argentinos y argentinas, esté más preocupada por lo que le pasa a los afiliados de la provincia de Jujuy”, afirmó.
Por su parte, el dirigente Carlos De Aparici explicó que el objetivo del espacio es “recuperar el normal desenvolvimiento institucional” del Partido Justicialista en la provincia. Sostuvo que la discusión no pasa por candidaturas o cargos, sino por “la posibilidad de que el Partido Justicialista se vuelva a reconfigurar como una herramienta política dentro del sistema electoral de la provincia de Jujuy”.
De Aparici confirmó que se presentaron acciones judiciales contra la decisión de los interventores. Detalló que realizó una reclamación, impugnación y apelación ante el Juzgado Federal con competencia electoral, denunciando la ilegitimidad de las sanciones y la desviación de la función de la intervención. Además, informó que se presentó un recurso de revocatoria ante los propios interventores, con apelación en subsidio ante la Justicia Federal, y que se evalúa la presentación de medidas cautelares para solicitar el levantamiento de las suspensiones.
“A 15 días antes de las elecciones, han decidido suspender a la gran mayoría de los integrantes de la lista en la que participamos”, indicó, y remarcó que la situación excede a los sancionados y afecta el derecho de los afiliados a elegir autoridades. “No se pueden cambiar las reglas de juego durante el partido”, concluyó.