Según explicó el referente, el planteo apunta a que se analicen los criterios de facturación que diferencian entre uso comercial y domiciliario, al sostener que no se justifica un mayor costo para las empresas prestadoras en función del destino del servicio. Como ejemplo, mencionó a pequeños comercios barriales que, por ser catalogados como usuarios comerciales, afrontan montos significativamente más altos.
“Un almacenero de un barrio X que acondicionó su casa para poner una despensa hoy pagar luz comercial es fomentar un enriquecimiento sin causa a favor de la empresa privada”, afirmó.
En el petitorio también se reclama el cumplimiento de la Resolución nacional 267/24, que prohíbe a municipios y gobiernos provinciales incluir en las boletas de servicios públicos cargos que no estén directamente vinculados a la prestación, así como el cobro de consumos estimados por adelantado. Alemán señaló que esta normativa no siempre se respeta y que, en muchos casos, una parte importante de lo que abona el usuario corresponde a impuestos municipales o provinciales.
La iniciativa busca reunir más de 20.000 firmas, amparándose en el artículo 33 de la Constitución provincial, que garantiza el derecho de petición y la iniciativa popular para que la Legislatura trate el tema. El dirigente sostuvo que existen casos en los que funcionarios públicos tendrían intereses vinculados a empresas concesionarias, situación que consideró necesario investigar a través de organismos como la Defensoría del Pueblo y el organismo anticorrupción.
En otro tramo de la entrevista, Alemán se refirió a las sanciones aplicadas a integrantes del Partido Justicialista y valoró positivamente la decisión de los interventores, que otorgaron un plazo de 72 horas para realizar descargos y prevén incluso la expulsión partidaria. A su criterio, estas medidas marcan “un antes y un después” y ponen fin a prácticas internas que, según señaló, se resolvían en ámbitos reducidos y al margen de la carta orgánica.