Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional se muestra optimista respecto a la aprobación integral del temario legislativo que será tratado durante el mes de febrero. En la Casa Rosada consideran que se trata de una agenda “amigable” y confían en lograr el acompañamiento de los bloques aliados, incluso para proyectos que generan controversia, como la Reforma Laboral.

Según revelaron fuentes oficiales, el Ejecutivo descuenta el respaldo necesario para avanzar con la Ley de Modernización Laboral, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación de la Ley de Glaciares y la posible designación del diputado Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

“Es un temario amigable. No se entiende por qué habría oposición al acuerdo con la Unión Europea ni a la reforma laboral. Debiera salir todo”, ironizó una fuente con acceso al despacho presidencial.

La agenda fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de llegar con resultados legislativos al discurso presidencial del 1° de marzo, en la apertura del período ordinario del Congreso.

Desde el oficialismo sostienen que los proyectos responden a una demanda social concreta y apuntan a reducir costos, mejorar la competitividad y ordenar variables económicas. En ese marco, relativizan los cuestionamientos a las modificaciones de la Ley de Glaciares, al señalar que responden a pedidos de los gobernadores para recuperar competencias sobre los recursos naturales.

En el plano parlamentario, la iniciativa que genera mayores reparos es la Reforma Laboral, resistida por sindicatos, algunos mandatarios provinciales y sectores empresarios. Sin embargo, dirigentes del oficialismo aseguran que los votos están al alcance. “En Diputados tenemos 117 seguros y hay margen para conseguir los que faltan”, indicaron.

Uno de los focos de tensión está vinculado a los cambios en el Impuesto a las Ganancias, ya que los gobernadores advierten un posible impacto en la coparticipación. Pese a ello, el Gobierno descarta modificar el proyecto, aunque admite que podrían discutirse algunos puntos si hay compromiso de acompañamiento en futuras iniciativas.

Desde el Ejecutivo argumentan que los cambios comenzarían a regir recién en 2027, lo que permitiría que durante 2026 las provincias se beneficien del impacto positivo de la modernización laboral. Incluso, reconocen un efecto fiscal del 0,15%, pero lo relativizan al proyectar una recuperación vía mayor empleo formal.

Con el objetivo de concentrar esfuerzos, la mesa política del Gobierno resolvió postergar la Reforma del Código Penal para después de marzo y cerrar filas en torno a la aprobación de la agenda económica y laboral, considerada prioritaria por el presidente Javier Milei.

Mientras tanto, el Ejecutivo intensifica las negociaciones políticas para asegurar nuevos triunfos legislativos. En ese esquema trabajan figuras clave como Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt, quienes articulan contactos con gobernadores y legisladores.

En Balcarce 50 confían en que la estrategia de diálogo y articulación política permitirá alcanzar el objetivo de fondo: la sanción completa del temario enviado al Congreso durante las sesiones extraordinarias.