Por decisión de la Casa Rosada, el Gobierno nacional excluyó del temario de sesiones extraordinarias de febrero una serie de proyectos centrales para su plan político, en un movimiento que expuso dificultades para reunir consensos y garantizar quórum en el Congreso.
Entre las iniciativas que finalmente no serán debatidas se destacan la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma integral del Código Penal y el DNU 941/2025, que redefine el sistema de inteligencia y amplía las atribuciones de la SIDE.
La regla fiscal, otra vez en pausa
La exclusión más llamativa es la del proyecto de Compromiso Fiscal, que ya había formado parte del llamado a extraordinarias de diciembre. Según se pude saber, bloques de la oposición dialoguista expresaron fuertes reparos al texto, al considerar que impone límites rígidos al gasto público incluso en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o emergencias sanitarias.
La denominada “regla fiscal”, que sostiene el principio de déficit cero bajo cualquier escenario, cuenta con dictamen vigente y estuvo a punto de ser tratada en Diputados. Sin embargo, ante el riesgo de que se caiga el quórum, el oficialismo optó por levantar la sesión y devolver la iniciativa a comisión.
La norma propone sanciones para funcionarios públicos y autoridades de bancos estatales que generen gasto considerado excesivo o recurran a mecanismos de emisión monetaria, en línea con el ideario libertario que identifica al ajuste del gasto como una política innegociable del presidente Javier Milei, simbolizada en la imagen de la “motosierra”.
Otro de los proyectos retirados del temario es la reforma integral del Código Penal, impulsada por la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
La propuesta apunta a refundar un cuerpo normativo vigente desde 1921 y triplica su extensión, pasando de 316 a más de 900 artículos.
El texto incluye la imprescriptibilidad de delitos gravísimos, un endurecimiento general de penas, cambios en el régimen penal juvenil con baja de la edad de imputabilidad, la ley antimafia, la reiterancia, el juicio en ausencia y un nuevo capítulo sobre delitos informáticos, entre ellos estafas digitales, grooming, porno venganza y delitos vinculados al uso de inteligencia artificial.
Pese al impulso inicial, el proyecto no logró respaldo suficiente y su tratamiento también quedó diferido para el período ordinario.
La ausencia que mayor rechazo generó en la oposición fue la del DNU 941/2025, mediante el cual el Ejecutivo reformula el sistema de inteligencia nacional y amplía las facultades de la SIDE.
Los bloques opositores pretendían habilitar en febrero a la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario para avanzar en su rechazo, pero el decreto no fue incluido en la convocatoria.
Finalmente, el Gobierno solo habilitó el debate de la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE.
Desde la oposición, el diputado nacional Nicolás del Caño cuestionó duramente la decisión y acusó al Ejecutivo de evitar el debate parlamentario sobre el DNU de Inteligencia. “No había ninguna urgencia para dictar este decreto entre gallos y medianoche”, sostuvo, y advirtió que la medida busca “reforzar el aparato represivo y otorgar superpoderes a la SIDE”.
Mientras tanto, las iniciativas más sensibles para el oficialismo quedarán en suspenso hasta el inicio del período ordinario de sesiones, en un Congreso donde los acuerdos siguen siendo esquivos para el Gobierno nacional.