Capitanich calificó la medida como “un DNU del espionaje” y advirtió que “es inconstitucional, discrecional y peligroso, ya que consolida la lógica del enemigo y habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas”. Señaló además que el decreto impide el control democrático entre poderes y convierte organismos como el ReNaPer y la ARCA en brazos ejecutores de la vigilancia estatal.
El legislador chaqueño sostuvo que no existía la necesidad ni la urgencia que justifique la vía del decreto, y que el tema podría haberse tratado en sesiones extraordinarias, tal como ocurrió con el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. “Este no es solo un DNU, es la consolidación de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades y concentra poder de manera extrema”, afirmó.
En los fundamentos, el proyecto cita al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció la creación de una “policía secreta” con facultades para detener personas sin orden judicial. También cuestiona que la SIDE concentre la administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, generando un esquema “opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático”.
Capitanich concluyó que el Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar el decreto para evitar lo que describió como “un salto al abismo institucional”.
Con información de: Parlamentario