El embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un “secuestro ilegal” y una “guerra colonial” destinada a controlar los recursos energéticos del país. Washington, en cambio, defendió la operación bajo el argumento de legítima defensa previsto en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, alegando que el régimen de Maduro representaba una amenaza narcoterrorista directa para la seguridad de Estados Unidos.
Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan para la lectura formal de cargos, que incluyen conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de dispositivos destructivos. La audiencia está a cargo del juez Alvin Hellerstein y se desarrolla bajo un operativo de máxima seguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
La Organización de Estados Americanos también convocó a un Consejo Permanente extraordinario para este martes. El secretario general Albert Ramdin adelantó que el objetivo será delinear una hoja de ruta que “sustente una gobernanza basada en la voluntad popular”. Sin embargo, las posturas en la región se mantienen divididas: Argentina, Ecuador y El Salvador celebraron la caída de Maduro como un triunfo democrático, mientras que Brasil, Colombia y México condenaron el uso unilateral de la fuerza y reclamaron respeto al derecho internacional.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) intentó fijar una posición común en una videoconferencia realizada el domingo, pero no logró consenso, reflejando la dificultad de la región para unificar criterios frente al accionar de Estados Unidos.
Con información de: Noticias Argentinas