Desde la administración del presidente Javier Milei señalaron que la reforma busca “mejorar la integración, especialización, eficiencia, control y legitimidad del sistema de inteligencia”. En ese marco, destacaron que uno de los ejes centrales es eliminar duplicaciones normativas y superposiciones históricas entre organismos.
Asimismo, el Poder Ejecutivo remarcó que el sistema de inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, e impulsa una comunicación institucional más clara sobre su rol.
Comunidad de Inteligencia y Comunidad Informativa
Uno de los principales cambios es la creación de un ámbito de integración funcional permanente denominado Comunidad de Inteligencia, que estará bajo la conducción de la SIDE. Este espacio permitirá compartir información estratégica entre todos los organismos especializados del Estado.
El objetivo es incorporar conocimientos provenientes de áreas clave como economía, salud, tecnología, clima y comunicación, para fortalecer el análisis estratégico nacional.
En paralelo, el DNU establece una Comunidad Informativa, una red de organismos estatales que aportarán datos relevantes a la SIDE, aun cuando no se trate de inteligencia en sentido estricto. La medida busca ampliar la base informativa y mejorar la calidad del análisis.
Ciberseguridad, ciberinteligencia y contrainteligencia
La reforma introduce una separación explícita entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete.
La ciberinteligencia, en cambio, se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para la toma de decisiones. Desde Casa Rosada afirmaron que esta distinción “mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento”.
Además, la Agencia de Seguridad Nacional quedará orientada exclusivamente a tareas de contrainteligencia, con el fin de evitar superposiciones con la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
Inteligencia militar, apoyo operativo y controles
El DNU incorpora una definición legal de la contrainteligencia, adaptada a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas. Se establece un enfoque preventivo frente a espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera.
Otro punto central es la habilitación formal para que los organismos de inteligencia soliciten apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, con el objetivo de optimizar recursos.
En materia de inteligencia militar, se dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). La producción de inteligencia estratégica militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto. Según el Ejecutivo, esto “elimina duplicaciones y fortalece la articulación con la inteligencia nacional”.
Designaciones y control interno
La actual División de Asuntos Internos será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones en auditorías, investigaciones internas y control presupuestario.
Finalmente, el decreto establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, con el objetivo de reforzar la conducción jerárquica y el control interno del sistema.
La reforma abre un nuevo escenario institucional para el sistema de inteligencia argentino, con cambios que impactarán en su organización, funcionamiento y mecanismos de control en el corto y mediano plazo.