Desde el Gobierno argumentan que esos compromisos nunca se cumplieron de manera sistemática y que, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. Señalan que la eliminación de los mínimos permitiría mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evitaría compromisos que el Estado no puede sostener.
La oposición y organizaciones del sistema educativo advierten que se trata de un retroceso en derechos adquiridos y que dejar sin efecto los pisos legales deja a universidades, escuelas técnicas y al sistema científico a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales y gremios docentes alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para cubrir salarios, infraestructura ni actividades básicas.
En el caso de la educación técnica, la preocupación es mayor: la eventual eliminación del financiamiento específico implicaría una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación. “El presupuesto proyectado no garantiza el funcionamiento mínimo de las instituciones”, señalaron desde el sector.
El debate legislativo se da en un contexto ajustado: si el Senado modifica el texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja, lo que complica los tiempos de aprobación antes del cierre del año. El oficialismo busca evitar cambios para acelerar la sanción definitiva, mientras la oposición insiste en mantener los mínimos de inversión como garantía de estabilidad para el sistema educativo.