El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Senado para su debate en sesiones extraordinarias. La iniciativa introduce cambios profundos en el sistema laboral argentino, reduce atribuciones de los sindicatos y crea nuevos mecanismos para promover el empleo registrado, especialmente en jóvenes y trabajadores informales.
Según explicaron a funcionarios que participaron en la redacción, el proyecto se diseñó para responder a cuatro desafíos centrales: crear empleo, mejorar salarios, reducir la litigiosidad laboral —la llamada “industria del juicio”— y bajar cargas impositivas que afectan la contratación.
El Ejecutivo sostiene que el esquema actual perjudica especialmente a los trabajadores jóvenes: cerca del 50% de las personas ocupadas menores de 35 años se encuentran en la informalidad. Por eso, la reforma modifica contratos, convenios colectivos, aportes patronales y criterios judiciales.
Un nuevo fondo para indemnizaciones
Una de las herramientas centrales será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para cubrir los costos de indemnización por despido. Este fondo, afirman en el Gobierno, busca proteger especialmente a las PyMEs, que muchas veces enfrentan riesgos financieros al despedir empleados.
El FAL se financiará con una contribución mensual del 3% del salario, calculado sobre la misma base que los aportes al SIPA. Ese dinero deberá ser administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Aunque los detalles se definirán en la reglamentación, el Poder Ejecutivo adelantó que el fondo podrá generar intereses para evitar pérdida de valor y que no tendrá “costo extra” ni para empleadores ni para trabajadores. “Lo importante es que el sistema sea sostenible y permita evitar quiebras”, remarcaron fuentes oficiales.
Menos poder para los sindicatos
La reforma también incluye medidas que restringen el rol de los gremios o buscan transparentar su financiamiento. Una de las principales novedades es que las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota de afiliación: a partir de ahora, será opcional y dependerá de un acuerdo expreso entre trabajador y sindicato.
Esto obligaría a los gremios a modernizar sus propios sistemas de cobro. "Hoy existen múltiples herramientas digitales, no deberían tener problemas", señalaron autoridades del Gobierno.
Otra modificación será la inclusión, en los recibos de sueldo, de un ítem que detalle cuánto aporta el trabajador y cuánto la empresa para financiar estructuras sindicales, algo que el Ejecutivo presenta como un gesto de transparencia.
Mientras se redactaba el proyecto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvo reuniones semanales con representantes de la CGT. También participaron Federico Sturzenegger y María Ibarzábal Murphy. Hubo acuerdos en algunos puntos, pero tensiones en otros.
Aunque finalmente no se avanzó con la propuesta de limitar las cuotas solidarias, uno de los ingresos más importantes para los sindicatos, los gremios mantienen un fuerte rechazo a la reforma y anticipan movilización cuando la ley llegue al Congreso.
Cambios en el sistema judicial
El texto introduce definiciones para reducir la litigiosidad. El Gobierno incorporó un artículo que aclara que el aguinaldo no debe incluirse en el cálculo de la indemnización por despido, un punto que generaba fallos contradictorios entre distintas jurisdicciones.
El Ejecutivo consultó al ex juez laboral Guillermo Comadira, que respaldó la decisión como una manera de unificar criterios y evitar nuevos litigios.
Además, el proyecto avanza en el traspaso de los fueros laborales de Nación a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión pendiente desde hace años.
Qué espera el Gobierno
En la Casa Rosada aseguran que la reforma contribuirá a aumentar la formalización, incrementar la recaudación y mejorar el funcionamiento del sistema previsional. Sin embargo, admiten que no tienen estimaciones concretas del impacto.
“No queremos prometer un número que no se cumpla, pero estamos seguros de que el sector privado va a preferir registrar a su personal”, aseguraron fuentes oficiales.
El Senado debatirá el proyecto en las próximas semanas, en un escenario político donde la reforma laboral será uno de los puntos más tensos del verano legislativo.