El Gobierno nacional avanzará en 2026 con la Ley de Libertad Educativa, una reforma estructural que promete transformar las reglas del sistema educativo argentino desde el nivel inicial hasta el superior. El proyecto, enmarcado en el Consejo de Mayo, introduce un nuevo paradigma basado en la autonomía pedagógica de las instituciones y en el rol preferente de las familias a la hora de elegir el proyecto educativo para sus hijos.
Pero también abre un debate intenso por los cambios en la formación docente, el ingreso universitario, la regularidad académica y la posibilidad de modalidades alternativas como la educación en el hogar.
La reforma reconoce que las escuelas —públicas y privadas— podrán definir sus propios planes de estudio, contenidos y orientación. Aunque mantiene la gratuidad de la educación estatal, el texto no menciona el carácter laico, un principio histórico de la educación pública argentina, lo que ya generó preocupación ante la eventual incorporación de educación religiosa en escuelas estatales.
Asimismo, se refuerza el derecho de los colegios privados a seleccionar y remover a su personal según su ideario institucional. En paralelo, se consagra la idea de que la familia es el “agente primario” en la formación de los hijos, mientras que el Estado asume un rol subsidiario, limitado a garantizar el acceso y la validez de los aprendizajes.
El proyecto propone criterios unificados de evaluación y crea un Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente.
La formación tendrá cuatro años de duración, con prácticas obligatorias y dos grandes áreas: formación básica común y formación especializada según cada nivel.
Además, la formación continua será obligatoria para sostener y avanzar en la carrera docente.
El proyecto habilita modos alternativos a la escolaridad presencial tradicional:
Educación en el hogar, impartida por padres, tutores o personas designadas por ellos.
Educación virtual o híbrida, a través de entornos digitales integrales.
La validez de estas trayectorias dependerá exclusivamente de evaluaciones estandarizadas, que acreditarán los contenidos mínimos comunes.
Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)
El texto crea el ENES, un examen voluntario para quienes terminan la secundaria, con contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.
Sus objetivos:
medir el nivel académico de los egresados,
orientar el ingreso a la Educación Superior,
identificar estudiantes destacados de bajos recursos para acompañarlos en su trayectoria.
Cambios profundos en el ingreso universitario
Uno de los puntos más debatidos es que solo podrán iniciar estudios superiores quienes concluyan completamente la secundaria. Hoy, muchos alumnos ingresan como condicionales mientras finalizan materias pendientes.
Además, las universidades deberán ofrecer un examen de ingreso directo, permitiendo que estudiantes eviten trayectos nivelatorios como el CBC de la UBA.
Regularidad y polémica: mínimo dos materias por año
Las instituciones de educación superior deberán fijar un régimen de regularidad, con un requisito clave: aprobar al menos dos materias por año.
Esto apunta a reducir la deserción, pero podría dejar fuera a miles de estudiantes que trabajan o cursan a ritmos más lentos, advierten las críticas.
Auditorías y financiamiento por desempeño
El proyecto refuerza los controles administrativos a través de la AGN, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano, además de exigir auditorías internas en todas las universidades estatales.
El financiamiento también se modifica:
75% según cantidad de estudiantes,
20% según desempeño (egresados, producción científica, extensión),
5% según programas estratégicos del Ministerio.
Para la oposición, este modelo podría derivar en menor presupuesto y en un achicamiento del sistema universitario público.
La reforma impulsa un esquema de educación abierta, con mayor presencia de modalidades virtuales e híbridas y estructuras institucionales flexibles, siempre garantizando equivalencia formativa.