El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que marca un cambio drástico en el sistema punitivo argentino. El anteproyecto, busca endurecer condenas, ampliar la prisión efectiva y eliminar la prescripción de los delitos considerados más graves, con el objetivo declarado de “terminar con la impunidad” y evitar que personas condenadas vuelvan a delinquir.
Según el documento, el Ejecutivo considera que la legislación actual es “una tomada de pelo a la sociedad”, por lo que impulsa un texto que reconfigura por completo el esquema de penas y beneficios.
Penas más duras y nuevos agravantes
El proyecto eleva el piso y el techo de las penas en numerosos delitos.
El homicidio simple, por ejemplo, pasaría de 8 a 25 años a una escala de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado -ya castigado con prisión perpetua- suma nuevos supuestos, entre ellos cuando la víctima sea el Presidente, un ministro, menores de 16 o mayores de 65 años, o en ataques cometidos en lugares con concurrencia masiva.
También se endurecen los castigos por lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio, robos violentos y delitos vinculados al abuso sexual infantil. En este último caso, la pena por tenencia de material pasaría de 3 a 6 años a 3 a 12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4.
El capítulo de robos incorpora figuras específicas para delitos cometidos por “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos, con incrementos significativos de penas.
Delitos que no prescriben nunca
Uno de los cambios más profundos es la eliminación de la prescripción para un abanico amplio de delitos graves. La reforma establece que la Justicia podrá investigar sin importar cuántos años hayan pasado en casos de homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, trata, narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, entre otros.
El texto justifica la medida afirmando que condicionar la persecución penal por el paso del tiempo “implica un acto de injusticia con las víctimas”.
Prisión efectiva y fin de ciertos beneficios
El Gobierno estima que, con las nuevas escalas penales, el 82% de los delitos tendrán cumplimiento efectivo de prisión.
Además, la reforma amplía la lista de delitos sin posibilidad de condena condicional y restringe la liberación anticipada, que quedará prohibida para homicidios, robos seguidos de muerte, robos con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios y reincidentes.
“El que entra varias veces a prisión no puede ser liberado anticipadamente, porque claramente no aprendió nada”, sostiene el documento.
Controles más estrictos y cambios procesales
El anteproyecto establece que las penas comenzarán a ejecutarse cuando un tribunal superior rechace el recurso extraordinario, sin necesidad de esperar una decisión de la Corte Suprema.
También se ratifica que las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y que los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
Por último, la iniciativa robustece la legítima defensa, otorga mayor protagonismo a las víctimas en decisiones sobre beneficios penitenciarios y apunta a reforzar su rol a lo largo del proceso judicial.