La Corte Suprema de Justicia inició el proceso formal para transferir al Estado más de USD 60 millones y varios bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y a su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. La medida se puso en marcha luego de que el máximo tribunal dejara firmes las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4).
En un oficio enviado al juez Néstor Costabel, presidente del TOF 4, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, informó que ya se dispuso el decomiso definitivo y la adjudicación de los fondos obtenidos por subastas judiciales, así como el registro de los inmuebles bajo titularidad de la Corte.
Según la sentencia emitida en abril de 2021 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023, los montos decomisados ascienden a USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra que será ajustada según el índice de inflación oficial del INDEC.
Transferencia a cuentas oficiales y pedido de documentación
En la notificación, la Corte solicitó al TOF 4 que se efectúe la transferencia inmediata del dinero a dos cuentas bancarias del máximo tribunal. También requirió la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas dentro del expediente 3017/2013/TO2/14, confirmaron fuentes judiciales,
El avance se produce luego de que el 29 de mayo de 2025 la Corte, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declarara inadmisibles los recursos de la defensa de Báez, habilitando la ejecución efectiva de los bienes.
Tensión con el Ejecutivo por el manejo de los bienes
En paralelo a la ejecución de los decomisos, el Poder Ejecutivo había creado —mediante decreto— el Consejo de Bienes Recuperados, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia destinado a administrar los activos provenientes de causas por corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, en octubre pasado el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto. Según su fallo, la norma afecta la independencia del Poder Judicial al modificar de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito y comprometer la autarquía presupuestaria judicial.
Un capítulo clave en una de las causas de corrupción más relevantes
La transferencia de los fondos y propiedades marca un paso significativo en la ejecución de las condenas dictadas en la “ruta del dinero K”, una de las investigaciones por corrupción más emblemáticas de los últimos años. Con la decisión de la Corte, el Estado avanza finalmente en la recuperación efectiva de activos que estuvieron involucrados en maniobras de lavado vinculadas al empresario patagónico.