El Tribunal Oral Federal 2 dispuso severas restricciones al régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras su condena en la causa Vialidad. La decisión fue firmada por el juez Jorge Gorini, quien además advirtió que el beneficio podría modificarse o dejarse sin efecto si la ex mandataria vuelve a incumplir las normas impuestas.
La medida se adoptó luego del encuentro simultáneo con nueve economistas, realizado en el departamento de San José 1111, y difundido públicamente por la propia CFK en sus redes sociales. El Tribunal determinó que esa reunión colectiva no había sido autorizada, ya que los visitantes solo estaban habilitados a ingresar de manera individual.
Nuevas reglas estrictas
Desde ahora, Cristina Kirchner no podrá recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas, y solo dos veces por semana, con un máximo de tres personas por encuentro. Además, toda visita deberá contar con una autorización previa, individual, expresa y detallada, acompañada por la justificación del ingreso, fecha y horario.
El juez Gorini sostuvo que cualquier incumplimiento que “ponga en crisis el cumplimiento de las reglas” habilitará la revisión inmediata del régimen, pudiendo incluso revocarse la modalidad domiciliaria, tal como lo permite el artículo 34 de la Ley 24.660.
El único permiso general que se mantendrá será el destinado a familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, según los listados ya aprobados.
El fallo recordó que el 17 de junio, al conceder la prisión domiciliaria, se estableció que la ex presidenta no debía alterar la tranquilidad del barrio y debía informar toda visita no contemplada en el listado autorizado. En septiembre se ratificaron esas condiciones, pero el episodio del 17 de noviembre —cuando CFK difundió una reunión con nueve economistas que representaban a “más de 80 profesionales”— encendió las alarmas del Tribunal.
Si bien los participantes figuraban en una nómina presentada días antes, nunca se solicitó autorización para que ingresaran simultáneamente, algo que el Tribunal consideró una violación explícita del régimen.
Gorini calificó el episodio como una conducta que “excede los términos de la autorización” y señaló que la difusión pública del encuentro evidencia “falta de prudencia” y desconoce la naturaleza punitiva del arresto domiciliario, un régimen que —recordó— implica restricciones similares a las de un establecimiento penitenciario, donde la visita semanal es de apenas dos horas.
Controles reforzados
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal continuará realizando supervisiones trimestrales para verificar el cumplimiento del nuevo esquema. Con estas medidas, la Justicia dejó en claro que cualquier nuevo desvío podría derivar en una decisión drástica: enviar a Cristina Kirchner a cumplir su condena en una cárcel común.