El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes como una “masacre” la megaoperación policial realizada la semana pasada en los complejos de favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías. El operativo, conocido como Operación Contención, fue el más letal en la historia del país y tenía como objetivo desarticular al Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas de Brasil.
En una entrevista brindada a agencias internacionales, Lula cuestionó con dureza la actuación de las fuerzas de seguridad y remarcó que la intervención policial se alejó por completo de lo que establecía la Justicia.
“La orden del juez era para ejecutar notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre”, afirmó el mandatario.
El presidente también calificó la operación como “desastrosa” desde el punto de vista institucional. “La cruda realidad es que, en términos de número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde la perspectiva de la actuación del Estado, fue desastrosa”, señaló.
Ante la magnitud del episodio, Lula anunció que el gobierno federal impulsará una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de cada muerte. Aseguró que analiza la posibilidad de incorporar a peritos forenses de la Policía Federal al proceso, con el objetivo de garantizar imparcialidad.
“Estamos llevando adelante esta investigación. Queremos saber cómo ocurrieron las muertes, porque hay muchos relatos e información que deben ser verificados”, explicó.
Las autoridades de Río de Janeiro, en cambio, defendieron el operativo. El gobernador Cláudio Castro (PL) lo consideró un éxito y sostuvo que las “únicas víctimas reales” fueron los policías fallecidos, asegurando que el resto de las personas abatidas eran integrantes de organizaciones criminales.
La declaración de Lula profundiza el debate sobre los límites del accionar policial en Brasil, donde los operativos en favelas suelen estar envueltos en denuncias por violencia excesiva, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.