El texto establece que Francos deberá presentarse ante el Congreso “a los efectos de ser interpelado por la decisión de suspender la ejecución de la ley”, y deja abierta la posibilidad de una moción de censura, que sería votada en la misma sesión. Sin embargo, legisladores como Oscar Agost Carreño (EF) aclararon que “no se busca la remoción, sino que explique los motivos por los cuales decidió no cumplir con una ley”.
La ley fue promulgada por el Gobierno el 22 de septiembre, pero suspendida en su aplicación por falta de financiamiento. Legisladores como Daniel Arroyo (UP) denunciaron que “la situación de las personas con discapacidad y sus familias está colapsada”, y calificaron la suspensión como “inconstitucional, absurda y brutal”.
Desde el oficialismo, Silvana Giudici (Pro) y Nadia Márquez (LLA) defendieron la decisión, argumentando que “la moción de censura no está reglamentada” y que “el jefe de Gabinete no suspendió la ley, sino que la propia norma exige definir su financiamiento”.
La fecha de la interpelación aún no fue confirmada, pero el debate expone tensiones institucionales sobre el cumplimiento de leyes votadas por amplia mayoría y el uso de decretos para reasignar partidas presupuestarias.
Con información de: Parlamentario