“Promulgamos la ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.
El funcionario advirtió que, de no haberse suspendido la norma, podría haber sido denunciado por incumplimiento de deberes: “No estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”. Según estimaciones oficiales, el costo de implementación rondaría los 3 billones de pesos, cifra que no está contemplada en el presupuesto vigente.
Actualmente existen 1.300.000 pensiones por discapacidad, pero Francos alertó sobre la falta de previsibilidad: “No sabemos si el día de mañana van a pedir $100.000, o un millón más, no lo sabemos”.
En medio del proceso electoral, Francos señaló que hay “diferentes intereses políticos que conspiran contra la posibilidad de trabajar en conjunto”, aunque aseguró que el Gobierno buscará acuerdos para avanzar en reformas laborales y tributarias durante la segunda etapa de gestión.
Con información de: Noticias Argentinas