Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán este martes con el tratamiento de la media sanción del Senado sobre la ley que limita el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Será en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que sesionará desde las 12 horas.
El plan opositor prevé que el 30 de septiembre el dictamen pase a la firma, de modo que la iniciativa pueda ser votada en el recinto el 1° de octubre, en una sesión especial que incluiría también la discusión sobre los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre ATN, y la derogación de decretos relacionados con identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
La estrategia de la oposición encendió las alarmas en el oficialismo, que depende de los DNU para ejecutar políticas sin pasar por el Congreso. Este mecanismo, previsto en la reforma constitucional de 1994 para situaciones excepcionales, ha sido usado por todos los gobiernos de forma discrecional y en exceso, incluso cuando no existían emergencias.
En 2006, una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner blindó los DNU: bastaba con que una sola cámara los aprobara para que quedaran firmes, mientras que se requería el rechazo de ambas cámaras para anularlos, algo que ocurrió en muy pocas ocasiones.
Con el gobierno de Javier Milei esa tendencia comenzó a cambiar: algunos decretos fueron volteados, como los referidos a fondos reservados de la SIDE, la eliminación de Vialidad, la reducción del INTA y el INTI, la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el régimen de la Marina Mercante.
El proyecto que se discutirá ahora modifica de fondo el sistema. Con el rechazo de una sola cámara bastará para invalidar un DNU. Además, se establece que todo decreto deberá ser convalidado en un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial, de lo contrario perderá validez. También fija un plazo de 48 horas hábiles para que una cámara comunique a la otra su decisión, y prohíbe que el Ejecutivo dicte un nuevo decreto sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
La pulseada promete ser intensa, ya que se trata de una herramienta clave para el Gobierno y un punto de control institucional que la oposición busca recuperar.