Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, la ejecución de la norma queda en pausa hasta que el Congreso determine cómo afrontar las erogaciones previstas. El Gobierno argumentó que “corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N.º 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido vetada en agosto, pero fue restituida por amplia mayoría en ambas cámaras. Su objetivo es garantizar el acceso a prestaciones básicas, asistencia directa y continuidad de servicios para personas con discapacidad en todo el país.
En paralelo, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo reasignó partidas presupuestarias para reforzar el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con un incremento de $121.363 millones. Los fondos provienen de una reducción equivalente en las obligaciones a cargo del Tesoro.
La suspensión de la ley generó preocupación entre organizaciones del sector, que advierten sobre el impacto inmediato en prestadores, familias y espacios comunitarios que dependen de la continuidad de los servicios.
Con información de: Página 12