El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial de Javier Milei con una mayoría superior a los dos tercios. Sin embargo, aclaró que la administración libertaria no reglamentará la norma hasta definir el financiamiento, lo que posterga su puesta en marcha.
La decisión busca ganar tiempo frente a un fuerte condicionamiento fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un gasto estimado de entre $1,8 billones y $3,6 billones —equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI—, además de $278.000 millones para compensar a prestadores y $7.000 millones para talleres de producción.
“Vamos a promulgar la ley como corresponde. Pero que el Congreso también diga de dónde salen los recursos. ¿Qué hacemos, se los sacamos a los jubilados para dárselos a discapacidad?”, advirtió Francos en declaraciones a Clarín. El funcionario insistió en que será necesario acordar con el ministro del área y con las comisiones parlamentarias antes de redactar el decreto reglamentario.
La ley de emergencia en discapacidad fue impulsada por la oposición y logró un inusual consenso político tras la difusión de audios que derivaron en la salida del entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en medio de acusaciones de corrupción. El escándalo aceleró el debate legislativo, respaldado también por movilizaciones masivas de organizaciones civiles y familiares de personas con discapacidad.
Entre los puntos centrales, la norma establece la transformación automática de todas las pensiones no contributivas previas, nuevas pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatibles con empleo registrado, y la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones básicas en base a la inflación del INDEC. También incluye un régimen de regularización fiscal para empresas y trabajadores del sector, y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Si bien el Gobierno había barajado la opción de judicializar el caso para frenar su implementación, finalmente resolvió promulgar la ley y condicionar su aplicación al debate presupuestario. En ese marco, la reglamentación quedó en suspenso hasta que se acuerde con el Congreso cómo financiar el nuevo esquema.