El presidente Javier Milei anticipó que, en caso de que el Congreso insista con la ley, se iniciará un proceso de judicialización basado en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar las fuentes de financiamiento para cualquier gasto no previsto en el presupuesto.
La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en el Senado en julio y rechazada por Diputados el 20 de agosto, declara la emergencia hasta 2027 y busca garantizar derechos fundamentales como salud, educación, rehabilitación y empleo para personas con discapacidad. También propone redefinir criterios de certificación y compatibilizar pensiones con trabajo formal.
Desde organizaciones del sector advierten que la falta de actualización en los aranceles y la demora en los pagos pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. En paralelo, el Gobierno sostiene que los fondos necesarios no están contemplados en el presupuesto vigente y que su implementación afectaría el objetivo de déficit cero.
Con información de: Infobae