La tensión entre el Gobierno nacional y el periodismo crítico sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el periodista Jorge Rial denunciara públicamente el pedido de allanamiento en su domicilio impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida judicial se enmarca en la causa por la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada.
Desde su programa en C5N, Rial calificó la iniciativa como un intento de censura y persecución. “Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”, advirtió, y acusó al Gobierno de querer frenar las investigaciones periodísticas. “Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. No somos delincuentes. Están intentando que no sigamos investigando”, denunció.
El conductor también apuntó directamente contra Bullrich, a quien acusó de hipocresía por vulnerar el secreto profesional que en el pasado defendía. “Solamente de la cabeza de esta mujer puede salir esta ensalada trasnochada”, disparó, recordando un episodio en el que la ministra instó a un medio de Bahía Blanca a no entregar sus fuentes.
Rial sostuvo que el pedido judicial confirma la autenticidad de los audios filtrados, que involucran presuntas irregularidades en el entorno presidencial. “Lo que están haciendo es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos”, afirmó, en referencia al funcionario mencionado en las grabaciones.
Además, criticó la resolución judicial que prohíbe la difusión del material, calificándola como “un acto de censura previa y totalitario”. En un tramo especialmente duro, comparó al presidente Javier Milei con su par venezolano: “Se está convirtiendo de a poco en un espejo de Nicolás Maduro”, sentenció.
La causa, que investiga una presunta “operación de inteligencia ilegal” contra el Ejecutivo, quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía N.º 4, encabezada por Carlos Stornelli. Mientras tanto, el debate sobre los límites entre la privacidad institucional y la libertad de prensa sigue escalando en el escenario político argentino.