El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación delegada por el juez Sebastián Casanello, comenzó a revisar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos relacionados con la compra de medicamentos. La causa se centra en audios que se atribuyen al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y que involucran a funcionarios públicos, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Contratos millonarios bajo la lupa
Suizo Argentina, dirigida por Eduardo Kovalivker y sus hijos, es la principal proveedora de ANDIS en el marco del contrato Incluir Salud, con contratos que en menos de un año alcanzaron cerca de 55 mil millones de pesos. Además, la empresa mantiene convenios con los ministerios de Seguridad y Defensa, aunque esos no están siendo investigados actualmente.
La Justicia examina ahora si las contrataciones fueron direccionadas y si existieron sobreprecios que habrían beneficiado a la empresa proveedora.
Pericias a teléfonos celulares
En paralelo, se aguardan los resultados de las pericias sobre los teléfonos secuestrados en la causa, que ya se encuentran en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Entre los dispositivos analizados están:
-
Dos teléfonos de Diego Spagnuolo, uno hallado en su domicilio de Altos de Campo Grande en Pilar y otro en un automóvil.
-
El teléfono de Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, incautado junto a 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones que están siendo evaluadas.
-
El teléfono de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, señalado como nexo entre la empresa y la agencia estatal.
Los audios filtrados aluden a Garbellini como “un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…”, y forman parte de las pruebas que motivaron la investigación.
Próximos pasos
La fiscalía continúa el análisis de los contratos y las comunicaciones de los involucrados para determinar posibles irregularidades y responsabilidades. La causa mantiene en alerta al sector político y sanitario, dado el monto de los contratos y la relevancia de los medicamentos para la población dependiente de ANDIS.