El estudio, elaborado por organizaciones sociales, académicas y centros de investigación, advierte que la prometida “avalancha de capitales” no se concretó y que los beneficios fiscales y cambiarios se concentran en un número reducido de grandes inversores. En total, se presentaron 19 solicitudes de adhesión al régimen, de las cuales siete fueron aprobadas, una rechazada y el resto continúa en evaluación.
Las iniciativas aprobadas se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energías renovables (2) y siderurgia (1). El sector hidrocarburífero concentra los mayores montos, con tres proyectos que suman $9.790 millones de dólares, dos de ellos vinculados directamente a Vaca Muerta y con participación activa de YPF.
El sector minero, que lidera en cantidad de propuestas, concentra una inversión estimada de $19.312 millones de dólares, con cinco proyectos de litio localizados en Salta y Catamarca. En total, las inversiones comprometidas por todos los proyectos presentados ascenderían a más de $30.760 millones de dólares.
El informe también señala que 15 provincias han suscripto formalmente la normativa específica del RIGI, consolidando un modelo extractivo que, según el Observatorio, “no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que pueda generar”.
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI).
Fuente consultada: Noticias Argentinas