Por primera vez desde que asumió, Javier Milei sufrió en el Congreso la caída de un veto presidencial. La oposición logró revertir su decisión y avanzar con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza la actualización de aranceles y regulariza pagos a prestadores. El oficialismo, golpeado en su frente legislativo, ya planifica trasladar la disputa a los tribunales para impedir la aplicación de la norma.
La derrota legislativa expuso la fractura de los vínculos de La Libertad Avanza con sectores que hasta hace semanas eran aliados. En la Casa Rosada admiten que el cierre de listas tensó aún más la relación con bloques del radicalismo, fuerzas provinciales y hasta con legisladores que acompañaban parcialmente al oficialismo.
En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó dar una señal de contención. Anunció que el Ejecutivo “evalúa” un aumento en todas las prestaciones vinculadas a la discapacidad, financiado con los ahorros obtenidos de auditorías sobre pensiones por invalidez “mal otorgadas”. El gesto buscaba seducir a legisladores para sostener el veto, pero la estrategia no alcanzó.
Milei ya anticipó que, de confirmarse en el Senado el rechazo al veto, judicializará la norma. “Si me rechazan el veto, lo voy a llevar a la Justicia. No va a tener efecto en el gasto público”, aseguró días atrás.
En el Gobierno trabajan sobre dos hipótesis: cuestionar la legalidad de la sesión que sancione la ley o alegar que el Congreso impuso obligaciones sin establecer fuentes de financiamiento.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley oscila entre 0,25% y 0,45% del PBI, aunque el Ejecutivo sostiene que la cifra es mayor y difícil de afrontar. La estrategia oficial se centra en prometer partidas limitadas dentro de la restricción presupuestaria y bloquear judicialmente aquellas obligaciones que excedan sus posibilidades.
Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo mantuvieron reuniones para diseñar la respuesta política y legal. En ese esquema también intervienen la Secretaría de Justicia y Legal y Técnica. La decisión tomada es no aplicar la ley ni ampliar partidas hasta que la Justicia se expida.
De este modo, el conflicto por la emergencia en Discapacidad abrió un frente político, social y judicial que puede convertirse en uno de los mayores desafíos de Milei en su relación con el Congreso y la sociedad civil.