El plenario de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó hoy de manera favorable el proyecto que declara la emergencia en pediatría en todo el país, una iniciativa que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y que ahora quedó habilitada para llegar al recinto de la Cámara alta.
La votación mostró un inusual consenso político: kirchnerismo, UCR, PRO y fuerzas provinciales acompañaron la propuesta, lo que deja al Gobierno nacional en una posición incómoda. Todo indica que el debate en el recinto se dará la próxima semana, pese a que el oficialismo buscaba apurar la sesión para este jueves.
El dictamen establece que las autoridades deberán garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre los puntos más sensibles, se instruye al Ministerio de Salud a efectuar una “recomposición inmediata de los salarios” del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo a los residentes nacionales, y aclara que la mejora salarial no podrá ser inferior a los niveles reales de noviembre de 2023. Además, se contempla la eximición del pago de Ganancias sobre actividades críticas, horas extras y guardias.
El proyecto habilita también la reasignación de partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente e incluso la utilización de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025 y alcanzaría los $133.433 millones en forma anualizada.
El informe de la OPC precisó que el Sistema Nacional de Residencias Médicas cuenta actualmente con 3.176 agentes, de los cuales un 57,7% son becarios y el resto residentes. También advirtió que no existen reservas presupuestarias específicas para emergencias sanitarias.
Con este dictamen, el Senado se encamina a aprobar una iniciativa que pone en jaque al Poder Ejecutivo, ya que combina urgencia sanitaria con un fuerte impacto fiscal, en medio de las tensiones por el ajuste presupuestario.