La denuncia se basa en una investigación del medio La Nación que reveló informes secretos con nombres de dirigentes, fechas, horarios y recorridos de movilizaciones legales, como marchas de jubilados y protestas gremiales. No hay referencias a amenazas a la seguridad nacional.
Según las centrales, estas tareas violan la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y derechos constitucionales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política. Denuncian “una gravedad institucional” que evoca etapas autoritarias de la historia argentina.
El expediente solicita que se aclare si existió aval judicial y se determine la responsabilidad penal de los funcionarios implicados, incluido Milei. Además, piden ser notificadas para constituirse como querellantes y representar a los trabajadores afectados.
Fuente consultada: Infogremiales