Vargas advirtió que esta iniciativa desconoce la realidad de la violencia de género en Argentina, donde las denuncias falsas representan apenas el 1% del total, según un informe de la ONU. “El problema hoy en realidad es cómo se aborda la violencia de género, que a pesar de tener el sistema protectorio que tenemos, tuvimos tres femicidios en Jujuy y seguimos teniendo una muerta cada 30 horas o 36 horas en el país”, recordó la activista.
El rechazo al observatorio cobra mayor intensidad en el contexto de la reciente retractación pública de Tomás Ghisoni sobre la denuncia de abuso sexual contra su padre, el obstetra Pablo Ghisoni. “Esto se hace en un contexto en el que estamos bombardeadas hoy por esta retractación pública de Tomás Ghisoni respecto de la denuncia de abuso sexual que lo tuvo al progenitor como imputado”, señaló Vargas.
Sobre ese caso, Vargas apuntó: “Es una falsa retractación que omite lo esencial de esta causa que son las pruebas médicas, delito menor, con fotografías, que fue una pericia de la policía… esto es lo que llevó a esta persona a juicio”. Ghisoni padre, acusado en 2016 por sus hijos menores durante una disputa de tenencia, estuvo más de dos años en prisión preventiva hasta su absolución en 2023 por falta de elementos probatorios. En julio de 2025, su hijo admitió en un video que la acusación había sido inducida por su madre.
Para las referentes de la Multisectorial, la vinculación de Pablo Ghisoni con sectores libertarios que proponen agravar las penas por denuncias falsas se inscribe en una estrategia de “violencia institucional” contra las mujeres. “Quieren con este proyecto destinar fondos de la provincia para esto, y todavía no pueden tener un móvil para cuando una llama cuando está en peligro”, denunció la referente del Frente Patria Grande, Daniela Jaled.
El bloque de mujeres y diversidades espera una respuesta inmediata de la Legislatura para asegurar que no se avance con un observatorio que, en su visión, minaría la posibilidad de las víctimas de acceder a medidas cautelares sin necesidad de pruebas previas. “No estamos dispuestas a dar un paso al costado”, concluyeron, y anunciaron que presentarán cifras y casos reales en la reunión para demostrar el riesgo de este retroceso legislativo.